Legislación ad hoc antidemocrática

Transcribo a continuación carta enviada al diario El País el pasado 22 de diciembre de 2003:

Comparto la línea editorial de su periódico, así como la postura tomada por sus principales articulistas, y aún por las tiras de Máximo o Peridis, respecto a las últimas medidas legislativas en España, en concreto las destinadas a la consideración y sanción como delito de las consultas emprendidas por administraciones no autorizadas para hacerlo, claramente destinada a ilegalizar un posible referéndum como el anunciado por el Lehendakari Ibarretxe. Sin embargo, considero que, enmarcado como está El País en la línea de la quality press, la intensidad de dicha postura circunscrita al ámbito nacional es, quizás, excesivamente leve para la gravedad y el riesgo que suponen dichas medidas cuando las toma el poder legislativo, identificado con el ejecutivo, y con cierta connivencia del judicial. La importancia que su medio destina a los temas internacionales, característica de este tipo de prensa, no debiera restar relevancia a temas transnacionales (más que nacionales) como es éste, que afectan a todos los pueblos al tocar una rama de los derechos humanos como es el de las aspiraciones democráticas. Legislar, leyendo a Kant y aún a Montesquieu o a los enciclopedistas, y con las vista puesta en la práctica de las viejas democracias europeas, debe ser una entidad previa, desligada de la realidad de cumplir y hacer cumplir esa misma ley. La línea legisladora contemporánea en España y otros países democráticos (como el Reino Unido, Estados Unidos o Israel respecto al antiterrorismo, de estos y otro respecto a la pena capital, o de Francia respecto al derecho a portar símbolos religiosos), incluyendo casi todas las medidas tomadas en nuestro país para frenar las ambiciones soberanistas, otras relativas a inmigración, otras tantas a la administración de fondos por las comunidades autónomas, y algunas a educación, empobrece la calidad y agiganta la fragilidad de nuestra democracia.